sábado, 27 de noviembre de 2010
entierro de la constitución de 1991
Cada día se entiende mejor que la Constitución de 1991 contiene dos concepciones contradictorias. Por un lado consagra derechos y principios democráticos que deben respaldarse y sobre los cuales se ha dicho tanto que podría pensarse que esa es la única característica de la Carta. Por el otro establece que sus principios económicos son los del
Consenso de Washington y el libre comercio.
El carácter neoliberal de la Constitución se manifiesta, entre otros, en artículos como el 100, que consagra el trato nacional a los extranjeros, concepto en el que descansa el capítulo de inversiones de los TLC; el 371 instituye que el Banco de la República es autónomo de todo poder colombiano y, en la práctica, sumiso ante las concepciones del capital financiero trasnacional; el 61, sobre propiedad intelectual, protege a las empresas globales de medicamentos; el 336 prohíbe los monopolios públicos pero no los privados; la salud y la educación no se definen como derechos fundamentales y su privatización la autorizan y estimulan los artículos 48 y 67; el 365 está allí para que los monopolios de los particulares se apropien de los servicios públicos; y sus normas recortan los derechos laborales y permiten las cooperativas de trabajo asociado.
Las leyes 100 sobre salud y pensiones y 142 sobre servicios públicos domiciliarios no existirían sin la Constitución de 1991. La aprobación del TLC con Estados Unidos y el desastre social de los últimos veinte años expresan el peso determinante del neoliberalismo en la Carta.
La contradicción entre las dos partes de la Constitución, la democrática y la retardataria, no se expresa solo en la lucha política y social. También se da en las demandas ciudadanas y en los fallos de los jueces, generalmente a partir de la tutela, derecho individual digno de defenderse que también indica que la Carta no cubre bien los derechos colectivos. La Ley 100 ilustra el punto, pues esta no reglamentó el derecho de los colombianos a la salud sino al negocio financiero con la salud de los colombianos, cosas muy distintas. Le tocó a la Corte Constitucional, por tutela, convertir la salud en derecho fundamental, crear el no POS y ordenarle al gobierno igualar los planes de salud del sistema contributivo y el subsidiado.
Ante las exigencias plutocráticas de impedir que la Corte Constitucional privilegie lo democrático de la Constitución sobre lo neoliberal, así ello solo ocurra por excepción, Uribe presentó ante el Congreso, y Santos y el uribo-santismo la tramitan, la que puede ser la más regresiva reforma constitucional en 20 años: la de la sostenibilidad fiscal, que obliga a todas las ramas del poder público a supeditar el cumplimiento de los derechos sociales y ambientales, y no los de los negociantes, a ciertos indicadores de las finanzas públicas. Así, los derechos sociales podrán congelarse o retroceder y decisiones como las mencionadas sobre salud –o las de desplazados, también ordenadas por la Corte– no podrán volver a tomarse. No es casual que la ley de víctimas condicione las indemnizaciones a la sostenibilidad fiscal y que el mismo criterio gobierne las de salud.
Los objetivos que hay detrás de la sostenibilidad fiscal son aún peores que los que menciona la reforma. Allí se establece que el país debe alcanzar por sobre todas las cosas el grado de inversión que otorgan las calificadoras de riesgo extranjeras, las cuales les hacen el mandado al capital financiero trasnacional y a los intermediarios criollos. Para ello, sin importar hasta donde se sacrifique el nivel de vida de los colombianos y el auténtico progreso del país, las finanzas públicas y la política macroeconómica deben asegurar el pago de la deuda externa y que el capital foráneo pueda entrar y salir del país con absoluta libertad y cero riesgos. Según Eduardo Sarmiento Palacio, estas medidas buscan darles rienda suelta a las ambiciones de los inversionistas, “a cambio de comprimir la industria, la agricultura, el empleo y el gasto público”. La ley de regalías es parte de la sostenibilidad fiscal por la vía reducir el déficit del gobierno nacional.
Coletilla: es monstruoso que una funcionaria acusada por sus propios subalternos de perseguir a los contradictores del gobierno de Uribe se presente como perseguida. ¿Perseguida por quién? ¿Por el fiscal que le debe su cargo al gobierno del que ella hizo parte? ¿Por Santos, quien compartió en la cúspide del poder con la sindicada? No se trata de un asilo sino de una huida aconsejada por Álvaro Uribe, amigo del Presiente que concedió el asilo y quien podría ser el principal inculpado si María del Pilar Hurtado se decidiera a confesar.
Jorge Enrique Robledo, Bogota, 26 de noviembre de 2010.
miércoles, 24 de noviembre de 2010
uribe ¿igual a fujimori?
Uribe y Fujimori: ¿destinos comunes?
Por Eduardo Pastrana *revista semana nov.24 de 2010
El silencio de la exdirectora del DAS podría beneficiar a "los autores mediatos" de los delitos cometidos en contra de magistrados de las altas cortes, periodistas, ONG, políticos de oposición, etc.El gobierno panameño al concederle asilo a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, no sólo le causa grandes fisuras a uno de los pilares del derecho internacional –al equiparar perseguidos con perseguidores-, sino que le asesta también un duro golpe al proceso de esclarecimiento de los hechos delictivos por los que está siendo investigada.
Así mismo, Hurtado ya no podrá referirse a lo declarado por los mandos superiores y medios del DAS, quienes han señalado, en sus confesiones ante la Fiscalía, a varias personas, las cuales ocuparon altos cargos en la Casa de Nariño durante la presidencia de Uribe, como posibles autores de las ordenes que condujeron a la comisión de los delitos investigados.
Por tanto, el silencio de la exdirectora del DAS podría beneficiar a “los autores mediatos” de los delitos – como las interceptaciones telefónicas sin orden judicial, entre otros- cometidos en contra de magistrados de las altas cortes, periodistas, ONG, políticos de oposición, etc.
Ante tal dilema, vale la pena recordar que, a pesar de sus éxitos en la lucha en contra del terrorismo y de su gran respaldo popular, Fujimori y muchos de sus cómplices han sido juzgados y condenados por la comisión de una serie de conductas punibles, que se enmarcaron en la figura delictiva: “la autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos de poder organizados” (ver sentencia: parte III del capítulo II).
Ha sido el jurista alemán, Claus Roxin, quien más ha contribuido al desarrollo de las bases teóricas de esta forma de autoría, la cual consiste en que “el hombre de atrás” domina el hecho, porque puede producir el resultado que se busca con mayor seguridad mediante el aparato que está a su disposición. Así mismo, para que se lleve a cabo este tipo de autoría se requiere de la existencia previa de una organización estructurada que posea una línea jerárquica sólida, la cual hará responsable a su nivel estratégico superior por las decisiones que a su interior se adopten. Por tanto, Roxin considera la autoría mediata de la “criminalidad estatal” como el prototipo de la criminalidad organizada, la cual por su gravedad y riesgos de impunidad adquiere relevancia internacional.
Así mismo, se señala en la condena de Fujimori que la configuración de este tipo de autoría mediata requiere de la presencia de ciertos requisitos funcionales denominados las condiciones marco. Voy a señalar sólo dos:
1) “El poder de mando” es la capacidad que tiene el nivel estratégico superior de impartir órdenes a la parte que le está subordinada. Esta capacidad se adquiere por autoridad o liderazgo, derivado de factores ideológicos, políticos, religiosos, etc. Las órdenes que imparte el autor mediato pueden ser expresas o implícitas y se cumplen debido a la funcionalidad y automaticidad que cobra el aparato. Sus deseos se convierten en órdenes. Al respecto, el estiló cesarista con que gobernó Uribe no es muy distante de lo que aquí se describe.
2) “La desvinculación de la organización del ordenamiento jurídico” se manifiesta cuando las organizaciones se aprovechan de su base legal para disfrazar la comisión de sus actos ilícitos. En este sentido, muchos de los funcionarios del DAS estaban convencidos de estar actuando en el marco de la ley.
En fin, del artículo 29 del Código Penal de Colombia se puede derivar la figura de la autoría mediata, la cual permite pensar que las llamadas “chuzadas del DAS” podrían encajar en “la autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos de poder organizados”. La comisión de tales delitos -de carácter internacional- no tiene nada que ver con la lucha en contra de las guerrillas. Ningún “fin supremo” de la nación justifica que se actúe por fuera de la ley.
*Director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana y Editor de la Revista Papel Político.
Por tanto, el silencio de la exdirectora del DAS podría beneficiar a “los autores mediatos” de los delitos – como las interceptaciones telefónicas sin orden judicial, entre otros- cometidos en contra de magistrados de las altas cortes, periodistas, ONG, políticos de oposición, etc.
Ante tal dilema, vale la pena recordar que, a pesar de sus éxitos en la lucha en contra del terrorismo y de su gran respaldo popular, Fujimori y muchos de sus cómplices han sido juzgados y condenados por la comisión de una serie de conductas punibles, que se enmarcaron en la figura delictiva: “la autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos de poder organizados” (ver sentencia: parte III del capítulo II).
Ha sido el jurista alemán, Claus Roxin, quien más ha contribuido al desarrollo de las bases teóricas de esta forma de autoría, la cual consiste en que “el hombre de atrás” domina el hecho, porque puede producir el resultado que se busca con mayor seguridad mediante el aparato que está a su disposición. Así mismo, para que se lleve a cabo este tipo de autoría se requiere de la existencia previa de una organización estructurada que posea una línea jerárquica sólida, la cual hará responsable a su nivel estratégico superior por las decisiones que a su interior se adopten. Por tanto, Roxin considera la autoría mediata de la “criminalidad estatal” como el prototipo de la criminalidad organizada, la cual por su gravedad y riesgos de impunidad adquiere relevancia internacional.
Así mismo, se señala en la condena de Fujimori que la configuración de este tipo de autoría mediata requiere de la presencia de ciertos requisitos funcionales denominados las condiciones marco. Voy a señalar sólo dos:
1) “El poder de mando” es la capacidad que tiene el nivel estratégico superior de impartir órdenes a la parte que le está subordinada. Esta capacidad se adquiere por autoridad o liderazgo, derivado de factores ideológicos, políticos, religiosos, etc. Las órdenes que imparte el autor mediato pueden ser expresas o implícitas y se cumplen debido a la funcionalidad y automaticidad que cobra el aparato. Sus deseos se convierten en órdenes. Al respecto, el estiló cesarista con que gobernó Uribe no es muy distante de lo que aquí se describe.
2) “La desvinculación de la organización del ordenamiento jurídico” se manifiesta cuando las organizaciones se aprovechan de su base legal para disfrazar la comisión de sus actos ilícitos. En este sentido, muchos de los funcionarios del DAS estaban convencidos de estar actuando en el marco de la ley.
En fin, del artículo 29 del Código Penal de Colombia se puede derivar la figura de la autoría mediata, la cual permite pensar que las llamadas “chuzadas del DAS” podrían encajar en “la autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos de poder organizados”. La comisión de tales delitos -de carácter internacional- no tiene nada que ver con la lucha en contra de las guerrillas. Ningún “fin supremo” de la nación justifica que se actúe por fuera de la ley.
*Director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana y Editor de la Revista Papel Político.
que tal el descaro
Uribe dice que la vida de varios ex funcionarios que pertenecieron a su gobierno corre peligro.
Uribe se refirió al tema tras las solicitudes de asilo de Sabas Pretelt y María del Pilar Hurtado.Uribe enfatizó que "muchos de mis compañeros no tienen garantías y la persecución sobre ellos también amenaza sus vidas", y argumentó que las imputaciones contra ellos las hacen testigos "con comprobada capacidad de mentir y con claros indicios de estar al servicio de los criminales"
Este es el comunicado emitido por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
Sobre el tema de Asilo
1. Siempre pedí a los compañeros de Gobierno que dijeran la verdad.
Algunos me han expresado que a pesar de haberla dicho no tienen garantías en la justicia; en casos de esta naturaleza he compartido y apoyado que busquen asilo.
2. Cuando asumí la Presidencia estaba asilado el Dr. Álvaro Leyva en Costa Rica, decisión que respeté; el Gobierno anterior recién había autorizado el asilo en nuestro País del ciudadano Carmona de Venezuela, nunca accedí a revocarlo; cuando el Presidente Arias de Costa Rica me preguntó por la solicitud de asilo del Senador Mario Uribe le contesté que respetaba la autonomía de esa nación.
3. Un sector de la Corte Suprema de Justicia incurre en un error esencial de hecho al impulsar sin fundamento la hipótesis de un propósito criminal en la Presidencia para desacreditar al órgano de Justicia. No hay una sola prueba contra alguien de la Presidencia sobre esta acusación. Nuestra deliberación ha tenido intenciones de bien común, nunca criminales.
4. Nuestra acción contundente contra el crimen ha generado toda clase de venganzas entre ellas la actividad delincuencia para desacreditar nuestro proceder.
5. En mi intensa comunicación privada y pública con las fuerzas armadas, la justicia y los órganos de control y seguridad, jamás sugerí una actividad ilegal. Mis interlocutores fueron miles y todos ellos son testigos.
6. Nuestro Gobierno frenó el asesinato de periodistas y políticos sin importar el apoyo, la oposición o la hostilidad.
7. En mi larga carrera pública siempre he batallado de frente, sin cálculos y sin trampas.
8. Muchos de mis compañeros no tienen garantías y la persecución sobre ellos también amenaza sus vidas: hay imputaciones basadas en testigos con comprobada capacidad de mentir y con claros indicios de estar al servicio de los criminales; la justicia está sometida a la presión permanente de algunos opinadores que inexplicablemente la extorsionan con la pluma difamadora; no ha sido desvirtuada la relación entre la injustificada demora para elegir Fiscal y el interés de presionar en contra del anterior Gobierno; al ex Vicepresidente Francisco Santos se le acusa por una declaración sacada de contexto; a Bernardo Moreno lo destituyen por cumplir el deber en medio de la coacción de la Corte sobre la Procuraduría; a Mario Aranguren lo tienen en la cárcel por cumplir honestamente el deber de analizar movimientos financieros que podrían provenir del narcotráfico; y, el Presidente de la Corte prejuzga.
9. El Estado de Derecho no se desfigura por el asilo que hace parte de la normatividad internacional y doméstica, el Estado de Derecho se anula cuando la justicia se pone al servicio de la política o cae en la trampa de la venganza de los criminales.
Álvaro Uribe Vélez
Bogotá, Noviembre 23 de 2010.
domingo, 21 de noviembre de 2010
clasificación presidentes colombianos
Clasificación de presidentes colombianos
La Fundación Liderazgo y Democracia tuvo en cuenta los estudios que se han hecho en Estados Unidos e Inglaterra. Veinte académicos calificaron la gestión de 42 presidentes.
En Colombia, la Fundación Liderazgo y Democracia, que dirige Álvaro Forero Tascón, tuvo en cuenta los conceptos y métodos de los estudios llevados a cabo en Estados Unidos y en Gran Bretaña, e hizo algunos ajustes menores para acercarlos a la realidad colombiana. Por ejemplo, incluyó intelectuales con altas calidades académicas en disciplinas diferentes a la Historia, aunque mantuvo el mayor porcentaje de historiadores, entre los que se cuentan los siguientes intelectuales:
Álvaro Forero Tascón, Álvaro Tirado Mejía, Jorge Orlando Melo, María Teresa Calderón, Malcolm Deas, Mary Roldán, Santiago Montenegro, Frank Safford, Armando Martínez, Fernán González, Víctor M. Uribe Uran, Francisco Leal, Gilberto Loaiza, Fernando Cubides, Jorge Giraldo Ramírez, Andrés Dávila, Carlos Caballero Argáez , Rodolfo Arango, Ignacio Arizmendi, Carlos Mario Perea, Ana Catalina Reyes y Juan Carlos Flórez.
La anterior lista de personajes seleccionados por la fundación para esta labor, basaron sus calificaciones en los siguientes criterios, de acuerdo al desempeño de los presidentes en:
• Persuasión pública
• Liderazgo en el manejo de crisis
• Manejo de la economía
• Prestancia moral
• Respeto al Estado de derecho
• Relaciones internacionales
• Capacidades administrativas
• Relaciones con el Congreso
• Visión, fijación de una agenda.
• Búsqueda de bienestar y equidad
• Desempeño en el contexto de la época
• Liderazgo en el manejo de crisis
• Manejo de la economía
• Prestancia moral
• Respeto al Estado de derecho
• Relaciones internacionales
• Capacidades administrativas
• Relaciones con el Congreso
• Visión, fijación de una agenda.
• Búsqueda de bienestar y equidad
• Desempeño en el contexto de la época
Promedio general
Sábado 20 Noviembre 2010
PRESIDENTES AÑOS DE GOBIERNO CALIFICACIÓN
1 Alberto Lleras Camargo 1958-1962 8,10
2 Alfonso López Pumarejo 1942-1945 7,96
3 Carlos Lleras Restrepo 1966-1970 7,95
4 Francisco de Paula Santander 1832-1837 7,86
5 Simón Bolívar 1819-1930 7,40
6 Enrique Olaya Herrera 1930-1934 7,40
7 Manuel Murillo Toro 1872-1874 7,33
8 Eduardo Santos 1938-1942 7,25
9 Carlos E. Restrepo 1910-1914 7,23
2 Alfonso López Pumarejo 1942-1945 7,96
3 Carlos Lleras Restrepo 1966-1970 7,95
4 Francisco de Paula Santander 1832-1837 7,86
5 Simón Bolívar 1819-1930 7,40
6 Enrique Olaya Herrera 1930-1934 7,40
7 Manuel Murillo Toro 1872-1874 7,33
8 Eduardo Santos 1938-1942 7,25
9 Carlos E. Restrepo 1910-1914 7,23
10 César Gaviria Trujillo 1990-1994 7,14
11 Rafael Núñez 1886-1894 6,97
12 Pedro Nel Ospina 1922-1926 6,94
13 Virgilio Barco Vargas 1986-1990 6,82
14 Alfonso López Michelsen 1974-1978 6,59
15 José Hilario López 1849-1853 6,57
16 Carlos Holguín Mallarino 1888-1894 6,50
17 Rafael Reyes 1904-1909 6,47
18 Manuel María Mallarino 1855-1857 6,20
19 Aquileo Parra 1876-1878 6,19
20 Álvaro Uribe Vélez 2002-2010 6,19
21 Tomás Cipriano de Mosquera 1866-1868 6,18
22 Pedro Alcántara Herrán 1841-1845 6,12
23 Eustorgio Salgar 1870-1872 6,09
24 Santiago Pérez 1874-1876 6,03
25 José Ignacio de Márquez 1837-1841 6,00
26 Mariano Ospina Rodríguez 1857-1861 5,99
27 Belisario Betancur 1982-1986 5,98
28 Miguel Antonio Caro 1892-1898 5,87
29 José Vicente Concha 1914-1918 5,85
30 Misael Pastrana Borrero 1974-1978 5,83
31 Marco Fidel Suárez 1918-1921 5,80
32 Julián Trujillo 1878-1882 5,58
33 Mariano Ospina Pérez 1946-1950 5,57
34 Santos Gutiérrez 1868-1870 5,53
35 Andrés Pastrana Arango 1998-2002 5,51
36 Guillermo León Valencia 1962-1966 5,04
37 Julio César Turbay Ayala 1978-1982 4,89
38 Gustavo Rojas Pinilla 1953-1957 4,70
39 Miguel Abadía Méndez 1926-1930 4,58
40 Ernesto Samper Pizano 1994-1998 4,53
41 Laureano Gómez 1950-1953 4,25
42 José Manuel Marroquín 1900-1904 3,78
11 Rafael Núñez 1886-1894 6,97
12 Pedro Nel Ospina 1922-1926 6,94
13 Virgilio Barco Vargas 1986-1990 6,82
14 Alfonso López Michelsen 1974-1978 6,59
15 José Hilario López 1849-1853 6,57
16 Carlos Holguín Mallarino 1888-1894 6,50
17 Rafael Reyes 1904-1909 6,47
18 Manuel María Mallarino 1855-1857 6,20
19 Aquileo Parra 1876-1878 6,19
20 Álvaro Uribe Vélez 2002-2010 6,19
21 Tomás Cipriano de Mosquera 1866-1868 6,18
22 Pedro Alcántara Herrán 1841-1845 6,12
23 Eustorgio Salgar 1870-1872 6,09
24 Santiago Pérez 1874-1876 6,03
25 José Ignacio de Márquez 1837-1841 6,00
26 Mariano Ospina Rodríguez 1857-1861 5,99
27 Belisario Betancur 1982-1986 5,98
28 Miguel Antonio Caro 1892-1898 5,87
29 José Vicente Concha 1914-1918 5,85
30 Misael Pastrana Borrero 1974-1978 5,83
31 Marco Fidel Suárez 1918-1921 5,80
32 Julián Trujillo 1878-1882 5,58
33 Mariano Ospina Pérez 1946-1950 5,57
34 Santos Gutiérrez 1868-1870 5,53
35 Andrés Pastrana Arango 1998-2002 5,51
36 Guillermo León Valencia 1962-1966 5,04
37 Julio César Turbay Ayala 1978-1982 4,89
38 Gustavo Rojas Pinilla 1953-1957 4,70
39 Miguel Abadía Méndez 1926-1930 4,58
40 Ernesto Samper Pizano 1994-1998 4,53
41 Laureano Gómez 1950-1953 4,25
42 José Manuel Marroquín 1900-1904 3,78
“según el decreto 1290”
Si se evaluara de acuerdo al Decreto 1290 que se implementó en la ENSI a partir del año 2010, los resultados de estos “42 estudiantes” equivalentes a uno de nuestros grados, sería:
En el rango superior (92 a 100) 0
En el rango alto (80 a 91) 1
En el rango básico (60 a 79) 24
En el rango bajo (0 a 59) 17
formación en política
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE IBAGUÉ
CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS 10º y 11º 2010
DOCENTE EFRAÍN QUIMBAYO
Apreciados estudiantes:
La terminología expuesta en este oficio, tiene como fin dar a conocer conceptos de intelectuales, que nos invitan a reflexionar sobre nuestras responsabilidades como ciudadanos. Solo cuando el pueblo se apropie de los mismos, nuestra patria logrará la transformación que tanto anhelamos los colombianos y colombianas de a pié.
POLÍTICA: Es toda acción humana encaminada al bien común mediante el ejercicio del poder.
ECONOMÍA: es la ciencia que estudia la correcta utilización de los recursos de que dispone la humanidad, con el fin de sacarles el mayor provecho, al menor costo.
CULTURA POLITICA (Fabio López de la Roche )
Es el conjunto de conocimientos, sentimientos, representaciones, imaginarios, valores, costumbres, actitudes y comportamientos determinados grupos sociales, partidos o movimientos políticos dominantes o subalternos, con relación al funcionamiento de la acción política en la sociedad, a la actividad de las colectividades históricas, a las fuerzas de oposición, y a la relación con el antagonista político.
CULTURA CIUDADANA (Antanas Mockus)
Es el conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas, que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos; su propósito es desencadenar y coordinar acciones públicas y privadas, que incidan directamente sobre la manera como los ciudadanos perciben, reconocen y usan los entornos sociales y urbanos, y como se relacionan entre ellos en cada entorno.
CULTURA DEMOCRÁTICA (Fundación Amor por Medellín)
Es el conjunto de actitudes, comportamientos, referentes, simbologías y en general prácticas y costumbres que socialicen, difundan y reproduzcan valores de convivencia civilizada, de diálogo, de pluralismo, del respeto por la diferencia, de la participación ciudadana en general, que hagan plenamente vigente y permitan la vivencia de los Derechos Humanos, en tanto éstos se constituyen en el tejido ético de la democracia.
COMPETENCIAS CIUDADANAS (Ministerio de Educación Nacional)
Son el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática.
DEMOCRACIA (w. Churchill)
Es un régimen que tiene muchos defectos, pero es el régimen político que menos defectos tiene.
Jorge Enrique Robledo
El país no cambia cuando cambian sus gobernantes, el país cambia cuando el pueblo cambia, y éste cambia a sus gobernantes.
EFRAÍN QUIMBAYO
Licenciado en Ciencias Sociales 1987
Especialista en DD.HH y Competencias Ciudadanas 2009
Especialista en Gerencia de Instituciones Educativas 2000
domingo, 14 de noviembre de 2010
por si las dudas
Corrupción disparada
Por: Felipe Zuleta Lleras
DEL GOBIERNO DE ÁLVARO URIBE Vélez sabíamos gran cantidad de hechos escandalosos.
Entre ellos los falsos positivos, Agro Ingreso Seguro, las chuzaDAS, los seguimientos a los magistrados, las reuniones con delincuentes en la Casa de Nari para enlodar a los togados, las zonas francas en manos de los hijos del Presidente, la crisis de la salud, el atraso en infraestructura, el asesinato de sindicalistas y las mentiras constantes.
Lo que no teníamos claro, aun cuando se rumoraba, eran la corrupción galopante y disparada. Por supuesto que se hablaba de contratistas beneficiados por el Gobierno, de los amigos empresarios del Presidente, de los allegados al régimen y de los negocios de los parientes cercanos. Todas esas historias plagadas de detalles han empezado a conocerse poco a poco, mientras Uribe se dedica a mandar unos trinos en su Twitter que no tienen nada que ver con la realidad. Él sigue, como loco con ametralladora, disparando frases inconsecuentes y mentiras mal redactadas.
Tal será la corrupción que encontró el gobierno de Santos que ha tenido que intervenir, hasta ahora, dos entidades públicas: la dirección de Estupefacientes y Fondelibertad. Pero me temo que eso es poco. Deberían hacer lo propio con el Inco, el Ministerio de Transporte y el Banco Agrario, entre otros.
La corrupción en los gobiernos de Uribe no tiene antecedentes en la historia del país. Mientras él hablaba de acabar la corrupción y la politiquería, muchos de sus funcionarios se dedicaron a saquear las arcas del erario sin ningún escrúpulo. Nunca pensé que más de 30 años después íbamos a darle la razón al ex presidente Julio César Turbay cuando sostuvo que había que reducir la corrupción a sus justas proporciones. Recuerdo que en ese entonces, 1978, el país se le vino encima al Dr. Turbay. Hoy entiendo lo que decía.
A 100 días de haberse posesionado el presidente Santos empezamos a conocer la realidad sobre la corrupción del gobierno Uribe. En una magnífica serie llamada “La olla raspada” el noticiero RCN televisión nos mostró en detalle cómo en la última semana del gobierno de Uribe se despacharon 3,3 billones de pesos en contratos, muchos de ellos absolutamente inauditos y escandalosos. Y mientras eso pasaba, el ciudadano Uribe distraía la atención del país peleando con las altas cortes y los periodistas opositores. Sólo con el paso del tiempo conoceremos los estragos verdaderos del gobierno pasado. Un gobierno dedicado a delinquir desde la misma Casa de Nariño como se ha venido a saber ahora con lujo de detalles. Y pensar que los colombianos estaban convencidos de que el período Uribe era uno de los mejores de nuestra historia.
los complices de uribe
Las grabaciones ilegales que hacía el DAS son un vergonzoso escándalo: ¿Cuánto sabía Uribe de eso?
Tiendo a ser escéptico respecto a acusaciones formuladas por criminales donde no hay más prueba que la palabra del bandido, pues a menudo están motivadas por prebendas judiciales, venganzas o mendacidad pura y dura. Por ejemplo: dduddo con cuatro des que el Vaticano tuviera algo que ver con el intento de asesinato de Juan Pablo II, como lo denuncia más de 20 años después el delincuente turco que le disparó.
Pero mi escepticismo se desvanece cuando se multiplican los testimonios, sus autores no pertenecen al mundo del delito y las versiones concuerdan. Es lo que está ocurriendo con el DAS. Con las revelaciones de esta semana, son ya por lo menos cuatro los antiguos altos funcionarios que describen cómo, en tiempos de Álvaro Uribe, la Presidencia se valió del departamento de seguridad que pagamos todos los colombianos para espiar a un grupo de personas incómodas para el Gobierno. Estamos ante un escándalo clamoroso, sin precedentes, ilegal e indigno de una democracia. Por menos tuvo que renunciar Richard Nixon y aún por mucho menos está en serios aprietos el gobierno de Nicolás Sarkozy en Francia.
La suma de declaraciones juramentadas revela una operación siniestra y sistemática de injerencia en la intimidad telefónica de decenas de víctimas y, en ciertos casos rocambolescos, de grabaciones apenas propias de un James Bond macondiano, como las que hacía el DAS a la Corte Suprema de Justicia mediante micrófono instalado en el sostén de la señora que servía tintos a los magistrados.
La lista de perjudicados es larga: a 25 magistrados de la Corte se les llevaba dossier secreto; a numerosos familiares de los magistrados les interceptaban las llamadas, lo mismo que a políticos, como Gustavo Petro, y, según informe de la Fiscalía, a 300 militantes del Polo Democrático.
También se grababa ilegalmente a columnistas críticos, como Daniel Coronell; a ONG, como Cáritas Diocesana; a centros de investigación académica, como Cinep; a sindicatos; a cuatro ex generales de la República e incluso al entonces vicepresidente Francisco Santos, a quien por un teléfono pinchaban y por el otro le pasaban los datos que él pedía para atacar a críticos suyos como Ramiro Bejarano.
En algunos episodios, como el de Piedad Córdoba, más que espionaje se produjo un verdadero linchamiento: acaba de conocerse la declaración de Gustavo Sierra, ex jefe de Análisis del DAS, donde menciona como reiterado objetivo a la senadora: su paradero, sus actividades, lo que dijo y lo que no dijo. La sentencia del Procurador que la despoja de su curul, confirmada ya por él mismo (como era de esperarse), no es más que la culminación del linchamiento. La godarria ha quedado eficazmente servida.
Menos larga, pero notable, es la lista de los incriminados en este uso perverso de recursos públicos. Todos son directores (Andrés Peñate, Pilar Hurtado) o altos empleados del DAS o miembros del grupo que rodeaba a Uribe en Palacio: el secretario general, Bernardo Moreno; el asesor presidencial para las Comunicaciones (luego Canciller) Jaime Bermúdez; el secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez; el jefe jurídico, Edmundo del Castillo; el ministro del Interior, Carlos Holguín; el viceministro de Defensa, Jorge Mario Eastman; el asesor presidencial José Obdulio Gaviria; el alto consejero para la Competitividad y las Regiones, Miguel Peñaloza.
Algunos aún están vinculados al Gobierno -Velásquez, Peñaloza- y otros no figuran en la lista por tratarse de empleados de menor importancia.
Me da la impresión de que esta campaña, típica de regímenes totalitarios, no ha producido el repudio general que merece. Todo lleva a preguntarse, además, si el Presidente era totalmente ignorante de los desmanes que perpetraban sus colaboradores en las oficinas colindantes. Si fue así, que lo diga. Y que pronuncie una condena explícita y vehemente de los actos de sus subalternos.
ESQUIRLAS. Si en el Distrito hay corrupción, el primero que debe denunciarlo, sin concesiones ni maquillajes, es el Polo Democrático. Sería suicida no hacerlo.
Desde hace varios años, el autor del texto recibe comentarios a su columna en cambalache@mail.ddnet.es
jueves, 11 de noviembre de 2010
hace 25 años:holocausto del palacio de justicia
radiografía de los hechos
–Hoy, con marchas de los familiares de los desaparecidos y de las victimas mortales, se cumplen 25 años del “Holocausto del Palacio de Justicia”, como consecuencia de la “toma” del movimiento guerrillero M-19 del edificio donde funcionaban los altos tribunales de justicia y la “retoma” por parte de las Fuerzas Militares.
El 6 de noviembre de 1985, se produjo este fatidico hecho que culminó 28 horas después, con un saldo de 55 muertos entre ellos 11 magistrados, asi como la desaparición de 11 personas.
Además de las descargas de cañones y de ametralladoras, se produjo un pavoroso incendio y muchas de las victimas perecieron calcinadas.
yesid-reyes-ok-nov-7.mp3
Según el M-19, la “toma” del edificio emblema de la justicia colombiana, ubicado en el costado norte de la Plaza de Bolivar, frente al Capitolio Nacional, tenia como objetivo realizar un juicio público al entonces presidente Belisario Betancur Cuartas, por supuestamente haber incumplido acuerdos firmados el 24 de agosto de 1984.
Todo parece indicar que los subversivos, encabezados por Andres Amarales, habian tenido ayuda externa, pues de manera inexplicable, dos días antes la Policía retiró la vigilancia asignada al edificio, dejándola en manos de una empresa privada, aunque habia advertido a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado acerca de los planes del M-19.
Un mensaje anónimo había anunciado la toma para el 17 de octubre de 1985, tal como quedara registrado en un documento1 del comando de las Fuerzas Militares, por lo que se tomaron medidas especiales de seguridad, retiradas el 1 de noviembre por petición de Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema.
Sin embargo, según las investigaciones judiciales recientes, desde agosto de 1985 los organismos de inteligencia colombianos tenían conocimiento del plan del M-19 de atacar el Palacio de Justicia, la Casa de Nariño o el Capitolio Nacional.
La toma comenzó a las 11:40 del 6 de noviembre, cuando 28 guerrilleros, al mando de Luis Otero, ingresaron fuertemente armados al edificio, gritando consignas y disparando. Para ellos, se trataba de la “operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”.
La entrada se realizó por el sótano del costado occidental. Un agente de policía resultó herido, y a los pocos minutos llegaron refuerzos tanto de la Policía como del Ejército, que decidieron ubicarse en las terrazas de algunos edificios vecinos, como la Catedral Primada, la Alcaldía de Bogotá y la Casa del Florero, con la intención de recuperar el Palacio.
Después del mediodía, llegaron los primeros tanques Cascabel y Urutú, que fueron ubicados alrededor del Palacio, sobre la Plaza de Bolívar y las carreras 7a. y 8a. Uno de los tanques Urutú trató de irrumpir en una de las puertas del recinto, para rescatar el cadáver del subteniente de la Policía José Fonseca Villada, asesinado por los guerrilleros al comienzo de la toma, pero debido a la estrechez de ésta, perdió la metralleta y, por el tiroteo con los del M-19, debió ser retirado.
A las 13:00, los guerrilleros le dijeron a Reyes Echandía que nada le iba a suceder y que lo requerían para negociar. Minutos más tarde, un grupo de soldados del Batallón Guardia Presidencial entró al Palacio para sacar los cadáveres de dos vigilantes, mientras un oficial y un suboficial recuperaban la ametralladora del tanque Urutú.
Los combates se intensificaron en el sótano, mientras los subversivos se desplazaban a los pisos superiores. A las 13:20, Otero se comunicó con algunos medios de comunicación para confirmar la autoría y el nombre de la toma. A las 13:55, un tanque Cascabel rompía la puerta principal del Palacio y entraba, escoltado 25 minutos más tarde por otro tanque.
A las 14:00, dos helicópteros dejaron en la azotea del edificio a un grupo de hombres del Comando de Operaciones Especiales, que también ingresó al Palacio. Quince minutos después fueron liberados algunos rehenes, trasladados a la Casa del Florero para su identificación, a excepción de los heridos que fueron llevados a clínicas y hospitales.
Luego, a las 14:25, un tercer tanque ingresaba a la edificación, con soldados del Guardia Presidencial y de la Escuela de Artillería, mientras hombres del Grupo Operativo Antiextorsión y Secuestro (GOES) llegaban por la azotea.
A las 15:00 el presidente Betancur pidió ayuda y consejo a algunos ex presidentes, candidatos a la Presidencia y congresistas. Cinco minutos después, Álvaro Villegas Moreno, presidente del Congreso, hablaba por teléfono con Reyes Echandía y el magistrado Pedro Elías Serrano, quienes le solicitaron pedirle a Betancur el cese al fuego.
En una segunda conversación, Reyes Echandía le dijo que se encuentra en el cuarto piso con los guerrilleros, dato confirmado por uno de los subversivos que le quitó el teléfono y quien comunicó que, de no llegarse a un cese al fuego, nadie iba a salir vivo. A las 15:15 Villegas le llevó el mensaje a Betancur, quien respondió que no iba a negociar y que no había logrado comunicarse con Reyes.
A las 16:10, les ordenaron a los soldados que ingresaron por la puerta buscar rehenes para ayudarles a salir. A las 16:10, varios estruendos se escucharon desde el sótano y los primeros pisos, lo que llena de humo el edificio. Reyes Echandía seguía pidiendo el cese al fuego, secundado por otros magistrados a través de la radio.
A las 16:50, la Cámara de Representantes repudiaba la toma y se declaraba en sesión permanente.
A las 17:10, Reyes Echandía logró comunicarse con el general Víctor Delgado Mallarino, director general de la Policía Nacional y amigo suyo. Reyes le pidió que cesaran el fuego porque de no hacerlo todos iban a morir, a lo que Delgado respondió diciéndole que estaba haciendo lo posible por rescatarlos y que necesitaba comunicarles a los del M-19 que el gobierno no iba a negociar.
Otero y Delgado hablaron. A las 17:30, el general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante del Ejército, toma el mando de la operación de rescate.
Un incendio en el cuarto piso, cuyo origen no se ha esclarecido después de 20 años, comenzó a las 17:45 en el cuarto piso, donde se encontraban guerrilleros, magistrados y civiles que debieron bajar al tercero. Media hora más tarde, un helicóptero logró evacuar a algunos hombres del Copes y el GOES heridos.
Reyes Echandía se comunicó de nuevo con Villegas a las 19:15 y le reiteró que los iban a matar si no terminaban las hostilidades. Con el paso de las horas, el incendio tomaba fuerza mientras los subversivos retenían a algunos rehenes que trataban de escapar del fuego y los llevaban a los baños del segundo y, luego, del tercer piso. Sesenta personas permanecieron desde la noche del 6 de noviembre hasta el final de la toma en dichos baños.
Una nueva explosión se oyó en el cuarto piso a las 21:30. Las personas que se hallaban allí gritaron pidiendo el cese al fuego y la presencia de la Cruz Roja. Quince minutos más tarde, los bomberos llegaban para tratar de sofocar las llamas, pero sus esfuerzos resultaron inútiles mientras el palacio era consumido. Desde adentro, los del ejército y los magistrados intentaban apagar el incendio con mangueras de emergencia.
Cerca de las 22:00 los bomberos conseguían rescatar a algunas personas que se hallaban en la azotea, mientras los combates dentro del edificio se hacían más fuertes. Media hora después, algunos rehenes escondidos en las oficinas eran rescatados por el Ejército hasta el primer piso. Ellos y dos empleadas del aseo, rescatadas de la azotea por los bomberos, fueron llevados a la Casa del Florero.
Aún sigue siendo un misterio el paradero de los empleados de la cafetería. Varios informen indican que, según algunas declaraciones de dos ex policías de la época, los empleados fueron llevados a la Casa del Florero (edificio histórico aledaño al Palacio de Justicia, que sirvió temporalmente como base militar) y más tarde trasladados al Cantón Norte, para allí ser interrogados, torturados y asesinados.
Posteriormente, según dichas declaraciones, fueron enterrados en fosas comunes ubicadas al sur de Bogotá. Estas declaraciones causaron en su momento gran controversia y no hay un consenso alrededor de su validez.
El 14 de junio de 2007, se difundió un video hallado durante un allanamiento a la casa del coronel Plazas Vega en el que se ve claramente cuando son evacuados con vida del Palacio de Justicia el administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez, y Cristina del Pilar Guarín, una de las cajeras. Ambos se encuentran desaparecidos.
Plazas fue arrestado el 16 de julio de 2007, acusado del delito de desaparición forzada agravada4 .
Otro acto que fue polémico fue la orden dada por la entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, de transmitir por TV un partido de fútbol en vez de presentar la situación del Palacio durante parte de la crisis. Según algunas fuentes, no estaba permitido transmitir la operación de la retoma al Palacio de Justicia. Las estaciones de radio y algunos noticieros continuaron transmitiendo la información en directo.
En 2005 se conformó la Comisión de la Verdad, integrada por los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia José Roberto Herrera, Jorge Aníbal Gómez y Nilson Pinilla.
Tras un año de investigación, en noviembre de 2006 entregaron un informe en el que revelan que, según versiones del sicario “Popeye”, Pablo Escobar, capo del Cartel de Medellín les pagó 2 millones de dólares a los guerrilleros del M-19 por la toma, a fin de presionar a los magistrados de la Sala Constitucional que debatían la aprobación de la extradición. La Comisión declaró responsables del holocausto al M-19, al presidente Betancur y al Ejército de Colombia.
La Comisión también concluyó que el presidente de la época, Belisario Betancur “fue un simple espectador” de la situación y no logró intervenir directamente en la operación de retoma del palacio por parte del Ejército ni en los hechos posteriores.
–Hoy, con marchas de los familiares de los desaparecidos y de las victimas mortales, se cumplen 25 años del “Holocausto del Palacio de Justicia”, como consecuencia de la “toma” del movimiento guerrillero M-19 del edificio donde funcionaban los altos tribunales de justicia y la “retoma” por parte de las Fuerzas Militares.
El 6 de noviembre de 1985, se produjo este fatidico hecho que culminó 28 horas después, con un saldo de 55 muertos entre ellos 11 magistrados, asi como la desaparición de 11 personas.
Además de las descargas de cañones y de ametralladoras, se produjo un pavoroso incendio y muchas de las victimas perecieron calcinadas.
yesid-reyes-ok-nov-7.mp3 Según el M-19, la “toma” del edificio emblema de la justicia colombiana, ubicado en el costado norte de la Plaza de Bolivar, frente al Capitolio Nacional, tenia como objetivo realizar un juicio público al entonces presidente Belisario Betancur Cuartas, por supuestamente haber incumplido acuerdos firmados el 24 de agosto de 1984.
Todo parece indicar que los subversivos, encabezados por Andres Amarales, habian tenido ayuda externa, pues de manera inexplicable, dos días antes la Policía retiró la vigilancia asignada al edificio, dejándola en manos de una empresa privada, aunque habia advertido a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado acerca de los planes del M-19.
Un mensaje anónimo había anunciado la toma para el 17 de octubre de 1985, tal como quedara registrado en un documento1 del comando de las Fuerzas Militares, por lo que se tomaron medidas especiales de seguridad, retiradas el 1 de noviembre por petición de Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema.
Sin embargo, según las investigaciones judiciales recientes, desde agosto de 1985 los organismos de inteligencia colombianos tenían conocimiento del plan del M-19 de atacar el Palacio de Justicia, la Casa de Nariño o el Capitolio Nacional.
La toma comenzó a las 11:40 del 6 de noviembre, cuando 28 guerrilleros, al mando de Luis Otero, ingresaron fuertemente armados al edificio, gritando consignas y disparando. Para ellos, se trataba de la “operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”.
La entrada se realizó por el sótano del costado occidental. Un agente de policía resultó herido, y a los pocos minutos llegaron refuerzos tanto de la Policía como del Ejército, que decidieron ubicarse en las terrazas de algunos edificios vecinos, como la Catedral Primada, la Alcaldía de Bogotá y la Casa del Florero, con la intención de recuperar el Palacio.
Después del mediodía, llegaron los primeros tanques Cascabel y Urutú, que fueron ubicados alrededor del Palacio, sobre la Plaza de Bolívar y las carreras 7a. y 8a. Uno de los tanques Urutú trató de irrumpir en una de las puertas del recinto, para rescatar el cadáver del subteniente de la Policía José Fonseca Villada, asesinado por los guerrilleros al comienzo de la toma, pero debido a la estrechez de ésta, perdió la metralleta y, por el tiroteo con los del M-19, debió ser retirado.
A las 13:00, los guerrilleros le dijeron a Reyes Echandía que nada le iba a suceder y que lo requerían para negociar. Minutos más tarde, un grupo de soldados del Batallón Guardia Presidencial entró al Palacio para sacar los cadáveres de dos vigilantes, mientras un oficial y un suboficial recuperaban la ametralladora del tanque Urutú.
Los combates se intensificaron en el sótano, mientras los subversivos se desplazaban a los pisos superiores. A las 13:20, Otero se comunicó con algunos medios de comunicación para confirmar la autoría y el nombre de la toma. A las 13:55, un tanque Cascabel rompía la puerta principal del Palacio y entraba, escoltado 25 minutos más tarde por otro tanque.
A las 14:00, dos helicópteros dejaron en la azotea del edificio a un grupo de hombres del Comando de Operaciones Especiales, que también ingresó al Palacio. Quince minutos después fueron liberados algunos rehenes, trasladados a la Casa del Florero para su identificación, a excepción de los heridos que fueron llevados a clínicas y hospitales.
Luego, a las 14:25, un tercer tanque ingresaba a la edificación, con soldados del Guardia Presidencial y de la Escuela de Artillería, mientras hombres del Grupo Operativo Antiextorsión y Secuestro (GOES) llegaban por la azotea.
A las 15:00 el presidente Betancur pidió ayuda y consejo a algunos ex presidentes, candidatos a la Presidencia y congresistas. Cinco minutos después, Álvaro Villegas Moreno, presidente del Congreso, hablaba por teléfono con Reyes Echandía y el magistrado Pedro Elías Serrano, quienes le solicitaron pedirle a Betancur el cese al fuego.
En una segunda conversación, Reyes Echandía le dijo que se encuentra en el cuarto piso con los guerrilleros, dato confirmado por uno de los subversivos que le quitó el teléfono y quien comunicó que, de no llegarse a un cese al fuego, nadie iba a salir vivo. A las 15:15 Villegas le llevó el mensaje a Betancur, quien respondió que no iba a negociar y que no había logrado comunicarse con Reyes.
A las 16:10, les ordenaron a los soldados que ingresaron por la puerta buscar rehenes para ayudarles a salir. A las 16:10, varios estruendos se escucharon desde el sótano y los primeros pisos, lo que llena de humo el edificio. Reyes Echandía seguía pidiendo el cese al fuego, secundado por otros magistrados a través de la radio.
A las 16:50, la Cámara de Representantes repudiaba la toma y se declaraba en sesión permanente.
A las 17:10, Reyes Echandía logró comunicarse con el general Víctor Delgado Mallarino, director general de la Policía Nacional y amigo suyo. Reyes le pidió que cesaran el fuego porque de no hacerlo todos iban a morir, a lo que Delgado respondió diciéndole que estaba haciendo lo posible por rescatarlos y que necesitaba comunicarles a los del M-19 que el gobierno no iba a negociar.
Otero y Delgado hablaron. A las 17:30, el general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante del Ejército, toma el mando de la operación de rescate.
Un incendio en el cuarto piso, cuyo origen no se ha esclarecido después de 20 años, comenzó a las 17:45 en el cuarto piso, donde se encontraban guerrilleros, magistrados y civiles que debieron bajar al tercero. Media hora más tarde, un helicóptero logró evacuar a algunos hombres del Copes y el GOES heridos.
Reyes Echandía se comunicó de nuevo con Villegas a las 19:15 y le reiteró que los iban a matar si no terminaban las hostilidades. Con el paso de las horas, el incendio tomaba fuerza mientras los subversivos retenían a algunos rehenes que trataban de escapar del fuego y los llevaban a los baños del segundo y, luego, del tercer piso. Sesenta personas permanecieron desde la noche del 6 de noviembre hasta el final de la toma en dichos baños.
Una nueva explosión se oyó en el cuarto piso a las 21:30. Las personas que se hallaban allí gritaron pidiendo el cese al fuego y la presencia de la Cruz Roja. Quince minutos más tarde, los bomberos llegaban para tratar de sofocar las llamas, pero sus esfuerzos resultaron inútiles mientras el palacio era consumido. Desde adentro, los del ejército y los magistrados intentaban apagar el incendio con mangueras de emergencia.
Cerca de las 22:00 los bomberos conseguían rescatar a algunas personas que se hallaban en la azotea, mientras los combates dentro del edificio se hacían más fuertes. Media hora después, algunos rehenes escondidos en las oficinas eran rescatados por el Ejército hasta el primer piso. Ellos y dos empleadas del aseo, rescatadas de la azotea por los bomberos, fueron llevados a la Casa del Florero.
Aún sigue siendo un misterio el paradero de los empleados de la cafetería. Varios informen indican que, según algunas declaraciones de dos ex policías de la época, los empleados fueron llevados a la Casa del Florero (edificio histórico aledaño al Palacio de Justicia, que sirvió temporalmente como base militar) y más tarde trasladados al Cantón Norte, para allí ser interrogados, torturados y asesinados.
Posteriormente, según dichas declaraciones, fueron enterrados en fosas comunes ubicadas al sur de Bogotá. Estas declaraciones causaron en su momento gran controversia y no hay un consenso alrededor de su validez.
El 14 de junio de 2007, se difundió un video hallado durante un allanamiento a la casa del coronel Plazas Vega en el que se ve claramente cuando son evacuados con vida del Palacio de Justicia el administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez, y Cristina del Pilar Guarín, una de las cajeras. Ambos se encuentran desaparecidos.
Plazas fue arrestado el 16 de julio de 2007, acusado del delito de desaparición forzada agravada4 .
Otro acto que fue polémico fue la orden dada por la entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, de transmitir por TV un partido de fútbol en vez de presentar la situación del Palacio durante parte de la crisis. Según algunas fuentes, no estaba permitido transmitir la operación de la retoma al Palacio de Justicia. Las estaciones de radio y algunos noticieros continuaron transmitiendo la información en directo.
En 2005 se conformó la Comisión de la Verdad, integrada por los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia José Roberto Herrera, Jorge Aníbal Gómez y Nilson Pinilla.
Tras un año de investigación, en noviembre de 2006 entregaron un informe en el que revelan que, según versiones del sicario “Popeye”, Pablo Escobar, capo del Cartel de Medellín les pagó 2 millones de dólares a los guerrilleros del M-19 por la toma, a fin de presionar a los magistrados de la Sala Constitucional que debatían la aprobación de la extradición. La Comisión declaró responsables del holocausto al M-19, al presidente Betancur y al Ejército de Colombia.
La Comisión también concluyó que el presidente de la época, Belisario Betancur “fue un simple espectador” de la situación y no logró intervenir directamente en la operación de retoma del palacio por parte del Ejército ni en los hechos posteriores.
a oidos del coronel plazas vega
Negar que hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia es violar los derechos de las víctimas:
El ICTJ (Centro Internacional para la Justicia Transicional) recordó que la fortaleza de la democracia reside en la independencia de los poderes públicos.
Viernes 11 Junio 2010A propósito de la reacción de protesta del Ejecutivo ante la condena al coronel retirado Alfonso Plazas Vega, por los hechos ocurridos en la toma del Palacio de Justicia hace casi 25 años, el ICTJ advirtió que los fallos de la justicia deben ser acatados.
“La justicia es el mecanismo que tienen las sociedades modernas para resolver las controversias. Los fallos del poder judicial deben ser acatados; las disputas o la insatisfacción que surjan de las decisiones judiciales deben ser tramitadas por las vías institucionales de apelación o revisión”, aseguró Michael Reed, director del programa Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional.
“La justicia es el mecanismo que tienen las sociedades modernas para resolver las controversias. Los fallos del poder judicial deben ser acatados; las disputas o la insatisfacción que surjan de las decisiones judiciales deben ser tramitadas por las vías institucionales de apelación o revisión”, aseguró Michael Reed, director del programa Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional.
“La descalificación política a un fallo judicial afecta la independencia de los poderes y las bases del Estado de derecho”, agregó.
El ICTJ emitió un comunicado en el que argumenta que los procesos de la justicia en contextos de violación a los derechos humanos siempre generan controversias. No obstante, son “necesarios para la consolidación de la democracia y para la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. La verdad judicial es una forma de restaurar la dignidad de las víctimas”, suscribe la organización que trabaja por la defensa de los derechos humanos.
Javier Ciurlizza, director del programa Américas del ICTJ destacó la actuación de la justicia colombiana e indicó que la restauración de los derechos de las víctimas, que buscan a sus seres queridos desde hace 25 años, debería ser la prioridad.
“En el doloroso caso del Palacio de Justicia, es importante que se tenga en cuenta la posición de las víctimas que por más de 25 años han buscado justicia por la desaparición de sus seres queridos; las víctimas y sus derechos deberían ser la principal preocupación. Asimismo, es importante rescatar la valentía del poder judicial colombiano en su esfuerzo por luchar contra la impunidad”, aseguró Ciurlizza.
La organización no gubernamental dijo que la sentencia no debe ser interpretada como una amenaza a la lucha contra la subversión, “sino como una contribución a que esa misma lucha sea eficaz al ajustarse a la ley”.
También expresó su preocupación por el hecho de que se cuestione la veracidad de los hechos, probados con suficiencia. Por ejemplo, la certeza de que sí hubo personas desaparecidas en la retoma del Palacio.
“La negación de los hechos y el ataque a los diferentes poderes públicos polarizan más al país, ponen en peligro a los funcionarios judiciales, a las víctimas y a sus representantes. Las recientes manifestaciones de negación privan a las víctimas del reconocimiento que por años han esperado”, agregó Reed.
El ICTJ adujo que el Gobierno debe velar por “la seguridad e integridad personal de los funcionarios judiciales, abogados y víctimas que han intervenido en este caso y que ahora enfrentan amenazas”.
Sobre el ICTJ
El Centro Internacional para la Justicia Transicional es una organización internacional que trabaja para remediar y prevenir las más graves violaciones a los derechos humanos al confrontar los legados de abusos pasados. El ICTJ busca soluciones integrales para promover la rendición de cuentas y construir sociedades justas y pacíficas. Más información, disponible en http://www.ictj.org/.
El ICTJ emitió un comunicado en el que argumenta que los procesos de la justicia en contextos de violación a los derechos humanos siempre generan controversias. No obstante, son “necesarios para la consolidación de la democracia y para la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. La verdad judicial es una forma de restaurar la dignidad de las víctimas”, suscribe la organización que trabaja por la defensa de los derechos humanos.
Javier Ciurlizza, director del programa Américas del ICTJ destacó la actuación de la justicia colombiana e indicó que la restauración de los derechos de las víctimas, que buscan a sus seres queridos desde hace 25 años, debería ser la prioridad.
“En el doloroso caso del Palacio de Justicia, es importante que se tenga en cuenta la posición de las víctimas que por más de 25 años han buscado justicia por la desaparición de sus seres queridos; las víctimas y sus derechos deberían ser la principal preocupación. Asimismo, es importante rescatar la valentía del poder judicial colombiano en su esfuerzo por luchar contra la impunidad”, aseguró Ciurlizza.
La organización no gubernamental dijo que la sentencia no debe ser interpretada como una amenaza a la lucha contra la subversión, “sino como una contribución a que esa misma lucha sea eficaz al ajustarse a la ley”.
También expresó su preocupación por el hecho de que se cuestione la veracidad de los hechos, probados con suficiencia. Por ejemplo, la certeza de que sí hubo personas desaparecidas en la retoma del Palacio.
“La negación de los hechos y el ataque a los diferentes poderes públicos polarizan más al país, ponen en peligro a los funcionarios judiciales, a las víctimas y a sus representantes. Las recientes manifestaciones de negación privan a las víctimas del reconocimiento que por años han esperado”, agregó Reed.
El ICTJ adujo que el Gobierno debe velar por “la seguridad e integridad personal de los funcionarios judiciales, abogados y víctimas que han intervenido en este caso y que ahora enfrentan amenazas”.
Sobre el ICTJ
El Centro Internacional para la Justicia Transicional es una organización internacional que trabaja para remediar y prevenir las más graves violaciones a los derechos humanos al confrontar los legados de abusos pasados. El ICTJ busca soluciones integrales para promover la rendición de cuentas y construir sociedades justas y pacíficas. Más información, disponible en http://www.ictj.org/.
Las familias de las victimas reclaman que los responsables de estas desapariciones, entre ellos el coronel plazas vega, condenado a 25 años, paguen sus condenas en cárceles comunes y corrientes y no en los casinos de las guarniciones militares como está este "defensor de la democracia, maestro".
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