Colombia: bases militares y desacuerdos
María Isabel García febrero 18 de 2011
El Gobierno de Estados Unidos habría suscrito más de cien contratos por un monto aproximado de 13 millones de dólares, para obras en bases militares colombianas. Así lo revela el senador Jorge Enrique Robledo, Algunas forman parte de las siete que en años pasados suscitaron un escándalo de proporciones regionales, por lo que en su momento se dijo que Colombia ‘prestaba el balcón para fisgonear al vecindario’.
La alerta la dio esta semana el senador Jorge Enrique Robledo, quien remitió un cuestionario al ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, pidiendo explicaciones por los contratos sobre los que dijo obtuvo información en portales tales como usaspending.gov y ffata.org.
Además, el legislador indagó por aspectos puntuales como número de personal militar estadounidense en el país; tiempos de permanencia, lugares donde han estado y brigadas a las que han estado adscritos y el tipo de funciones que desempeñan (inteligencia, entrenamiento, equipos, armamento), empresas a las que están adscritos asesores técnicos civiles, y los fondos de qué dispone el Gobierno colombiano para cumplir con los acuerdos militares binacionales.
Aún antes de obtener respuesta, Robledo declaró a Radio Nederland que “algo de lo que estoy seguro desde ya es que no hay ningún acuerdo entre el Gobierno de Colombia y el de Estados Unidos que les permita hacer esas inversiones, porque legalmente no es posible”. A lo que agregó que “si esto es lo que parece ser”, se trata de violación de la soberanía y de hechos graves que, con certeza, despertarán reclamos aquí y allá.”
Antecedentes
En octubre del 2009, el Gobierno del entonces presidente, Álvaro Uribe, (2002/10) suscribió un acuerdo mediante el cual se permitía a tropas estadounidenses usar y controlar hasta siete bases militares colombianas, durante diez años prorrogables. Dicha autorización contemplaba permanencia de personal militar en el territorio, construcción, adecuación y control de las instalaciones militares y operaciones propiamente dichas, todo en el marco de la lucha global contra el narcotráfico y el terrorismo. La animosidad, tanto en Colombia como en el vecindario andino, afloró en julio cuando se rompió el hermetismo de las negociaciones.
Para agosto, el entonces comandante de la Fuerzas Militares colombianas, general Freddy Padilla, manifestó ante una Cumbre latinoamericana de generales, realizada en Cartagena, que “sólo terroristas y narcotraficantes deben temer” y precisó las bases previstas en el acuerdo: Malambo, Palanquero, Apiay, Cartagena, Málaga, Tolemaida y Larandia, en los cuatro puntos cardinales del territorio. “No son bases norteamericanas, son colombianas, pero les brindamos la posibilidad de que accedan a nuestras instalaciones”, explicó.
Para apaciguar los ánimos, Uribe emprendió una gira por los países de UNASUR, organización que convocó a una reunión extraordinaria. Finalmente, en agosto del 2010, la Corte Constitucional emitió un fallo en el que puntualizó que el acuerdo de las bases no era, como había dicho el Gobierno, la ampliación de uno anterior, sino que era un tratado en sí mismo y, como tal, debía ponerse a consideración del Congreso, lo que no ha ocurrido. Ahora Robledo afirma que ni ése ni otros tratado militares Washington-Bogotá, tienen asidero jurídico.
* Radio Nederland: ¿En qué sustenta su afirmación de que el Gobierno de Estados Unidos está invirtiendo en infraestructura en bases militares colombianas y cuál es el alcance de esa denuncia?
Jorge Robledo: En los registros del Gobierno de Estados Unidos. En la contratación que se puede ver en internet, que no es información secreta ni mucho menos, aparece que en las bases de Málaga, Larandia y Tolemaida están caminando inversiones de distinto tipo; son 126 contratos por entre 12 y 13 millones de dólares.
Le he escrito al ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, para que me explique en qué se fundamenta legalmente este asunto, porque varios de esos contratos son posteriores al concepto de la Corte Constitucional con que se hundió el acuerdo de las bases de guerra de Estados Unidos, que tenían que ver con estas tres bases también. Estamos a la espera de la respuesta. Pero hay algo de lo que estoy seguro desde ya: no hay ningún acuerdo entre el Gobierno de Colombia y el de Estados Unidos que les permita hacer esas inversiones, porque legalmente eso no es posible.
* Radio Nederland: Preliminarmente, desde el despacho del ministro se habla de que las inversiones estarían amparadas por los acuerdos del Plan Colombia.
Jorge Robledo: Sí, algo vi en la prensa. El ministro no me ha contestado todavía. Él dice que se fundamenta en el Acuerdo de las misiones militares de 1974 y en los anexos militares de un acuerdo viejo del Plan Colombia. Yo conozco la letra menuda de esos documentos que cita el ministro y estoy absolutamente seguro de que lo que están haciendo no se puede amparar en esos documentos que menciona el ministro. Esperemos a ver cuál va a ser la respuesta. Pero sé que tienen un problema: tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional analizaron el tema de las bases, y la Corte dice que no hay ningún acuerdo militar anterior entre Colombia y Estados Unidos que permita hacer ese tipo de cosas.
Radio Nederland: ¿Cómo explica usted que a pesar de pronunciamientos recientes de la Corte Constitucional, que estando en los inicios de un nuevo Gobierno se presente ese tipo de irregularidades? ¿Cuál es, entonces, la política del Gobierno de Colombia frente a los Estados Unidos?
Jorge Robledo: Lo primero es que, en esos temas, el gobierno de Juan Manuel Santos, de nuevo no tiene nada. Aunque hayan intentado borrarlo de la mente de los colombianos, Santos era el ministro de Defensa de Álvaro Uribe. Todo lo hicieron juntos. Hay un Wikileaks, en el que Santos y Uribe se ponen de acuerdo con el embajador norteamericano para que, en el acuerdo de las bases, no se hable de bases, y para no tramitarlo en el Congreso, o sea, para hacer un acto de ilegalidad.
A mí realmente no me sorprende. Estoy por publicar un libro en el que explico en detalle cómo todas, absolutamente todas las relaciones militares entre Estados Unidos y Colombia están montadas sobre asuntos ilegales. Si no todo, casi todo, por lo menos, lo que esgrimieron como fundamentalmente en el acuerdo de las bases. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional sostienen que no se tramitaron correctamente porque eran tratados internacionales y se tramitaron como simples acuerdos entre los dos Gobiernos. Nada de eso se llevó para revisión de la Cámara baja y el Senado ni para la revisión de constitucionalidad. Antes de la Constitución de 1991, revisión de la Corte Suprema de Justicia, y después, revisión de la Corte Constitucional. O sea que todo esto se ha venido fundamentando en una especie de castillo de ilegalidades.
A mí realmente no me sorprende. Estoy por publicar un libro en el que explico en detalle cómo todas, absolutamente todas las relaciones militares entre Estados Unidos y Colombia están montadas sobre asuntos ilegales. Si no todo, casi todo, por lo menos, lo que esgrimieron como fundamentalmente en el acuerdo de las bases. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional sostienen que no se tramitaron correctamente porque eran tratados internacionales y se tramitaron como simples acuerdos entre los dos Gobiernos. Nada de eso se llevó para revisión de la Cámara baja y el Senado ni para la revisión de constitucionalidad. Antes de la Constitución de 1991, revisión de la Corte Suprema de Justicia, y después, revisión de la Corte Constitucional. O sea que todo esto se ha venido fundamentando en una especie de castillo de ilegalidades.
Radio Nederland: Habida cuenta de que organismos regionales como UNASUR son cada vez más sensibles a este tipo de actuaciones entre Washington y las capitales latinoamericanas, ¿cuál es el futuro inmediato?
Jorge Robledo: No me sorprendería que haya fuertes reacciones. Ya vimos las que hubo en toda América, desde México hasta Tierra del Fuego, en contra de las siete bases en Colombia. Estos hechos, por supuesto, los perturbaran y más si se confirma, como podría terminarse confirmando, que parte del dinero que están invirtiendo tenía que ver con los acuerdos de las siete bases. Si eso es así, por supuesto que se agravaría el caso, porque entonces lo que está sucediendo es que se ocultan inversiones de las bases. Eso, por supuesto, es de gravedad. Ya es bien malo que legalmente se lesione la soberanía nacional y se permita a tropas gringas operar en Colombia. Pero, por supuesto, es más malo si eso lo están haciendo a escondidas, violando de manera abierta la legalidad nacional.
* Radio Nederland: ¿Qué alcance tiene la interpelación que usted le ha hecho al ministro de Defensa? y ¿operaría el Legislativo como veedor?
Jorge Robledo: De momento, el hecho incontrovertible es que hay 123 contratos y unas inversiones de cerca de 13 millones de dólares. Voy a esperar a ver qué me dice el ministro y, dependiendo de ello, no sería sorprendente que yo cite a un debate en el Senado de la República para tratar este tema, porque si eso es lo que parece ser, es decir, un acto de ilegalidad que viola la soberanía nacional, estamos hablando de hechos bien graves.
Piden cuentas
En el mismo sentido de la carta del legislador se han pronunciado miembros de la Coalición No Bases, organismo surgido del Foro Social Mundial de India (2004), que propende por “un gran acuerdo para que no haya tropas extranjeras en ningún país” y, por ende, por la abolición de unas mil bases estadounidenses en distintos países de todos los continentes.
Por su parte, Alfredo Beltrán, ex magistrado de la Corte Constitucional, declaró al diario colombiano El Espectador que construcciones de Gobiernos extranjeros en bases militares nacionales son “una clara violación de la soberanía nacional”, y recordó que, en su momento, se pretendió justificar el acantonamiento de tropas estadounidenses bajo lo que llamó “acuerdo disfrazado”.
Clara López, presidenta del partido en el que milita Robledo, se sumó a los requerimientos y manifestó su esperanza de que el ministro no diga que las mencionadas inversiones estadounidenses son parte de la “ayuda” que Washington le da a Bogotá, ni salgan con “excusas cínicas” como las recientes, referentes a un escándalo por introducción de armamento de guerra estadounidense a la Argentina.
