Bogotá, noviembre 18 de 2010
Me refiero a su artículo ‘Qué Relajo’ sobre el cual quisiera hacer algunos comentarios, dado que involucra mi nombre.
Lo primero que llama la atención es el titular bajo el cual se analiza el programa de crédito al sector agro-exportador, creado en 2008: ¿Préstamos a cambio de aportes en la campaña? Este titular pone en duda la forma honorable y transparente en que fue financiada mi campaña por la candidatura del Partido Conservador.
Es cierto que varias personas del sector agropecuario apoyaron mi proyecto político. Lo hicieron cumpliendo estrictamente los requisitos de ley y ciñéndose al más riguroso protocolo de financiación de campañas. Tal como lo hicieron con otros candidatos. Varios argumentos derrumban la duda que se teje con el titular.
Primero, la campaña NUNCA, léase bien NUNCA, buscó recursos utilizando ó invocando programas del Estado. Ni Andrés Felipe Arias, ni persona alguna autorizada para recaudar fondos en la campaña solicitó recursos invocando programas del Estado: ni AIS, ni Familias en Acción, ni el programa de apoyo al sector exportador o floricultor, ni ninguno otro. Es decir, todos los apoyos fueron voluntarios.
Es más, de ser interrogados los donantes a la campaña, ninguno podrá afirmar que aportó recursos como contraprestación exigida a cambio de beneficios del gobierno. Esto lo digo bajo la gravedad de juramento.
Aún así, y en segundo lugar, no es delito alguno que personas que han accedido a programas ó estímulos del Estado puedan financiar campañas políticas. En efecto, la Ley 996 de 2005 no lo prohíbe.
Pero no es ético.
Tercero, ninguna empresa beneficiaria del programa de apoyo al sector exportador donó recursos a la campaña. La razón es elemental: en Colombia la Ley 996 de 2005 prohíbe que las personas jurídicas aporten a campañas presidenciales. Sólo pueden aportar personas naturales. Lo que no está prohibido son los préstamos de entidades financieras, de personas jurídicas o del mismo partido.
De todos los créditos recibidos por la campaña, sólo uno de ellos (y por un monto equivalente al 1,2% de los gastos de la misma) fue otorgado por una persona jurídica vinculada al sector agrícola. El crédito ya ha sido reembolsado con los recursos provenientes de la reposición de los votos, tal como lo dicta la Ley. Vale la pena decir que no fui el único candidato de consultas que acudió a instrumentos de crédito para financiar su campaña.
Cuarto, el aporte a la campaña de personas naturales (que, repito, son las únicas que pueden aportar) asociadas al sector floricultor es muy pequeño, tanto a nivel individual como a nivel agregado. El promedio individual de los aportes de esas personas no llega a los 3 millones de pesos por donante. A nivel agregado el aporte total de las personas asociadas al sector floricultor representa únicamente el 4% de los gastos de la campaña.
Y este cuarto argumento lo invoco porque cabe la siguiente pregunta: ¿parece lógico crear un programa de la magnitud, la importancia, la complejidad y el alcance de esta línea de crédito al sector exportador; que, además, fue discutido con varios Ministros, con el Presidente de la República y con los gremios exportadores; que adicionalmente tuvo que ser aprobado por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (en donde participa, por Ley, el Banco de la República y el sector privado); que cobija desembolsos hasta por medio billón de pesos, a través de créditos que deben pasar por todos los filtros técnicos y de riesgo del sistema de crédito agropecuario; para apalancar únicamente el 4% de los gastos de una campaña política por la Presidencia de la República o para recibir aportes individuales de menos de 3 millones de pesos en promedio?
No parece lógico y a nadie se le ocurriría. Sería tan absurdo, pero tan absurdo, que sólo pensarlo derrumba cualquier duda sobre un posible vínculo entre el programa de apoyo al sector exportador y la financiación de la campaña.
Quinto, todas las donaciones a la campaña se originaron en las cuentas bancarias personales de los donantes (personas naturales) y NUNCA se originan en las cuentas de alguna empresa, ni aquellas beneficiarias del programa de apoyo al sector exportador, ni ninguna otra. Este fue un filtro que se impuso dentro del protocolo de financiación de la campaña; protocolo que fue mucho más estricto de lo que las normas exigían. Por ende, los desembolsos que llegaron a unas empresas exportadoras y los aportes a la campaña de algunas personas naturales asociadas al sector floricultor no son fungibles y no tienen correlación.
Sexto, y en gracia de discusión, aún si se hubiera querido utilizar el programa de apoyo al sector exportador para financiar la campaña, ello no hubiera sido posible. El acceso al programa es por demanda y ante el sistema financiero de primer piso (público y privado). En concreto, el acceso al programa exige cumplir todos los requisitos técnicos y de riesgo que exige la Superintendencia Financiera y el sistema de crédito agropecuario, y pasar por todos los filtros de las entidades financieras correspondientes.
Así las cosas, el Ministro de Agricultura no influyó en la aprobación de los créditos o en los desembolsos pues, incluso aquellos que fueron otorgados desde el Banco Agrario, se aprobaron en comités delegados sin su concurso, y se recomendaron por instancias técnicas inferiores a la junta directiva, de la cual hace parte el Ministro. Por lo tanto, es imposible que exista una correlación real entre algunas empresas que obtuvieron desembolsos bajo la línea de crédito para exportadores, algunas personas naturales vinculadas a esas empresas y los aportes a la campaña.
El artículo continúa diciendo: “El Banco Agrario, bajo la batuta del entonces ministro Andrés Felipe Arias, se inventó una línea de crédito para los exportadores, para amortiguar el impacto de la caída del dólar. Hasta ahí, aunque la idea era polémica, todo iba bien.” Una vez más, el programa fue concebido durante una reunión en el Palacio de Nariño con el Presidente de la República, su equipo económico y los principales gremios exportadores. El programa, le reitero, fue aprobado por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario en donde participan, además del Gobierno, el sector privado y el Banco de la República.
Sigue el artículo: “¿El Estado va a perder esa plata? En teoría, no, porque el ministro Restrepo emprendió 30 acciones judiciales para recuperarla y alertó a la Superintendencia de Sociedades para que no se puedan declarar insolventes las firmas deudoras, como lo han intentado algunas.”
Estoy de acuerdo en que en teoría no se debe perder la plata. Pero no comparto la razón esgrimida por la revista. Es cierto que el Ministro Restrepo hace bien en apoyar las acciones judiciales que el Banco Agrario está obligado a emprender, por Ley, contra cualquier moroso (y no sólo contra los de crédito exportador). De hecho es lo mismo que hicimos nosotros desde que llegamos al gobierno en 2002, pues encontramos una cartera morosa desbordada por los problemas de inseguridad en el campo y la crisis económica de finales de la década pasada.
Los resultados saltan a la vista. Hoy el Banco Agrario es el primero de todo el sistema financiero en rentabilidad sobre patrimonio; su porcentaje de cartera vencida se redujo casi a la mitad con respecto al nivel que el gobierno recibió en 2002; su calidad de cartera no es inferior a la del promedio del sistema financiero (e incluso la supera en microcrédito agropecuario); su margen de solvencia a Diciembre de 2009 fue de 14,5% (60% por encima de lo que exige la norma); sus utilidades a Diciembre del año pasado se habían cuadruplicado con respecto a Diciembre de 2002; y, gracias a un desempeño financiero superior al agregado del sector y al crecimiento sostenido de su cartera y de sus ingresos operacionales, en Octubre de 2009 el Banco fue calificado por BRC Investor Services S.A. como AAA, la más alta calificación de riesgo para deuda de largo plazo.
Todo esto sin mencionar la estructura sólida de gobierno corporativo y buen gobierno que introdujimos al Banco. Hoy, por ejemplo, la mayoría en junta directiva corresponde a miembros independientes. Hoy, por ejemplo, los nombramientos de vicepresidentes, secretario general y gerentes regionales deben surtir un proceso de cazatalentos.
Ahora bien, la razón por la cual la plata se debe recuperar es por la forma en que fue estructurado el programa de crédito al sector exportador. En efecto, el Ministerio de Hacienda apropió unos recursos destinados a la creación de un Fondo Especial de Garantías para respaldar el crédito que iba a ser irrigado. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, el Banco Agrario desembolsaba un peso a una empresa floricultora, el Fondo Especial de Garantías respaldaba ese peso. Así las cosas, si la empresa floricultora dejaba de pagar ese peso, el Fondo Especial de Garantías inmediatamente entraba a responder por ese peso y el patrimonio del Banco Agrario quedaba completamente protegido.
Lo que pasa es que la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (recuerde por favor, una vez más, que el programa fue aprobado por dicha comisión, de la cual hacen parte gobierno, sector privado y Banco de la República) fue un paso más allá y decidió exigirle garantías colaterales a los dueños de las empresas exportadoras como: hipotecas, prendas sobre las acciones en las empresas, pignoración de las exportaciones de las empresas, etc.
Estas garantías colaterales protegen el Fondo Especial de Garantías creado para el programa, y son adicionales a lo que normalmente se exige en el sistema de crédito agropecuario. En efecto, en el sistema de crédito agropecuario los créditos generalmente se respaldan con un instrumento llamado Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), creado en 1985. Pero, generalmente, no se exigen garantías colaterales por la utilización de dicho fondo.
En este orden de ideas, si el Fondo Especial de Garantías entra y le paga al Banco Agrario el peso que la empresa floricultora dejó de pagar, ello sucede porque el Banco ya entró a perseguir las garantías colaterales exigidas a los socios. Es decir, porque el Banco y el mismo Fondo ya entraron a recuperar judicialmente ese peso persiguiendo el capital, los ingresos y el patrimonio de los mismos dueños de las empresas.
Nótese que el programa entonces fue creado con plena protección para el patrimonio del Banco Agrario, y con una muy sólida protección para el mismo Fondo Especial de Garantías. Sólida porque excede ampliamente la protección al FAG convencional.
Adicionalmente, se instauró una comisión por la utilización del Fondo Especial de Garantías creado para el programa; esto genera un incentivo adicional a cuidar los recursos por parte de los empresarios y genera unos ingresos para la sostenibilidad del mismo Fondo. Esa comisión es mayor entre más grande sea el productor.
Por supuesto,
si llegare a comprobarse alguna irregularidad en la aprobación de algún crédito para el sector exportador, o en el estudio de sus garantías, eso es algo que deben explicar quienes estaban encargados de ello (como sucede con cualquier crédito). Si llegare a comprobarse que algún empresario accedió al crédito faltando a la verdad, o utilizando maniobras engañosas para el Banco, eso es algo por lo cual deben responder esos empresarios (como sucede con cualquier crédito). Pero nada de esto puede desdibujar el propósito original del programa, que es proteger cientos de miles de empleos en el campo colombiano. Más aún, sin este tipo de apoyos sectores como el floricultor hace tiempo hubieran desaparecido.
Por otro lado, me pregunto, ¿a alguien le sorprende que algunas empresas floricultoras hayan entrado en dificultades? Con la brutal revaluación ello no debería sorprender a nadie. Sin programas de alivio para el sector exportador, pero bajo una coyuntura de revaluación anómala y brusca (como la que se observa desde hace años), se pone en riesgo el empleo, el ingreso y la tranquilidad de 200 mil familias que dependen de la producción y venta de flores en nuestro país. He ahí la génesis del programa.
Por último, sobre el tema de tierras vale la pena recordar que fue el gobierno del Presidente Uribe el que destapó y denunció la infiltración paramilitar en los procesos de adjudicación de predios. Recuérdese que fue el gobierno del Presidente Uribe el que, por ejemplo, recuperó casi 30 mil hectáreas arrebatadas a comunidades afrocolombianas en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó. Ello a pesar de las múltiples amenazas que sufrieron los funcionarios.
Recuérdese que en uno de los computadores incautados a paramilitares, y que la revista pudo acceder, se advertía que ya teníamos entre ojos a quienes, desde entidades del gobierno, se prestaban para la usurpación de tierras. Bien saben en la revista que no sólo los tuvimos entre ojos sino que, además, los denunciamos ante Fiscalía.
Para nadie es un secreto que la corrupción en el manejo estatal de tierras venía enquistada desde el antiguo INCORA, entidad que el gobierno del Presidente Uribe liquidó. Desafortunadamente, por inflexibilidades laborales, el INCORA terminó transmitiendo muchos de sus vicios al recién creado INCODER. Recuérdese, además, que batallamos sin descanso por la depuración de dicho instituto. Sin embargo, ello se truncó con la caída del Estatuto de Desarrollo Rural en la Corte Constitucional. Estatuto que fue exaltado por la misma CNRR debido a las ambiciosas herramientas que incorporaba en materia de protección y reparación a las víctimas del despojo.
Un último dato: bajo el gobierno del Presidente Uribe se entregaron o titularon 4.8 millones de hectáreas a 223 mil familias campesinas, indígenas, afrocolombianas y/o desplazadas.
Le ruego examine estos argumentos para que no se repitan artículos o columnas en la revista que puedan poner en duda mi honorabilidad. Estoy convencido de que lo Usted siempre busca es la imparcialidad de la revista, apoyándose en el profesionalismo de los periodistas que trabajan para ella. Gracias por su atención.
