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LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA CIJ ENTREGA A NICARAGUA PARTE DE LO QUE DESDE 1803 LE HA PERTENECIDO A COLOMBIA. NUEVAMENTE NOS ROBAN TERRITORIOS COMO EN EL PASADO CON PANAMÁ, VENEZUELA, ECUADOR, PERÚ Y BRASIL. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) concedió 531 km para Nicaragua desde su costa y 65 km para Colombia, además estableció que ambos países tienen derecho a 12 millas náuticas de territorio; sin embargo es "Colombia y no Nicaragua la que tiene la soberanía de los cayos Albuquerque, Este Sudeste, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla y Bajonuevo" El 19 de noviembre el país conoció el fallo que durante 11 años había esperado sobre los límites marítimos con Nicaragua, pero pese al optimismo del equipo de abogados nacionales, el país perdió cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de mar en el Caribe. La sentencia indica que Colombia tiene soberanía sobre los cayos Albuquerque, Sudeste, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla y Bajo nuevo. Sin embargo, el mar que los rodea, es de Nicaragua. Inmediatamente el presidente Juan Manuel Santos criticó duramente el fallo, asegurando que en él había “omisiones, errores, excesos, inconsistencias”, que “no podemos aceptar”. “Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia –representada por su Jefe de Estado– rechaza enfáticamente ese aspecto del fallo que la Corte ha proferido en el día de hoy”, advirtió Santos. Mientras el Gobierno se recuperaba de la situación y analizaba sus próximos pasos, el jefe del equipo de defensa de Colombia, Julio Londoño Paredes, aseguraba ante medios que tras la decisión “el país es más grande”. Paralelamente, el presidente Santos y su gabinete viajaban a San Andrés para determinar un plan de 300 mil millones de pesos en inversión para el archipiélago, garantizar la seguridad de los pescadores y expresar el respaldo del Gobierno ante la situación. Se garantizaron subsidios a 3.000 pescadores por 1 millón 800.000 pesos, así como inversiones en infraestructura, turismo, educación y salud. El Congreso tomó cartas en el asunto y citó a un debate de control político a la canciller María Ángela Holguín y sus antecesores que tuvieron que ver con esta demanda (Guillermo Fernández de Soto, Carolina Barco, María Consuelo Araujo, Fernando Araujo y Jaime Bermúdez). Sólo la actual titular de la cartera de exteriores asistió al llamado y advirtió que tras esta sentencia, Nicaragua podría pedir más espacio marítimo. Posteriormente, la Cámara llamó a un control político a los ex presidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. A juicio de los citantes fue en esos gobiernos que se manejó la mayor parte de la estrategia de defensa, ya que en el primero se interpuso la demanda de Nicaragua (2001) y durante los 8 años de Uribe se hicieron los alegatos y la Corte emitió la primera consideración preliminar (2007). Sin embargo, Pastrana se negó a participar, mientras Uribe sigue esperando que se reasigne la fecha del debate. Sólo 9 días después de conocido el fallo, el 28 de noviembre, el Jefe de Estado oficializó la salida de Colombia del Pacto de Bogotá, que daba reconocimiento y jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia. “He decidido que los más altos intereses nacionales exigen que las delimitaciones territoriales y marítimas sean fijadas por medio de tratados, como ha sido la tradición jurídica de Colombia y no en sentencias proferidas por la Corte Internacional de Justicia”, manifestó Santos, al explicar que es el Congreso el que, a través de una reforma constitucional, define cuáles son los límites. El jefe de Estado aclaró que con esta decisión, Colombia no va a dejar de respetar los organismos multilaterales sobre la comisión pacífica de conflictos. El primero de diciembre, el presidente Santos se reunió en México con su par nicaragüense, Daniel Ortega, donde se acordó que los 3 mil pescadores colombianos que viven de las aguas que ahora son del país centroamericano tendrán todas las garantías. Ambos mandatarios descartaron un enfrentamiento bélico por esta situación. Sin embargo, la posición colombiana, expresada a través de Holguín y el ministro del Interior, Fernando Carrillo, es que el fallo afectó y vulneró los derechos humanos, alimentarios y de seguridad de la población que ahora tendría que pescar en aguas enclavadas. Así mismo, Colombia ha mostrado su preocupación por el daño ambiental de la reserva marítima Sea Flower. Por ello, la canciller Holguín y una delegación del Archipiélago se reunió con el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, para explicarle la situación. Paralelamente, Colombia prepara una estrategia más agresiva para enviar, ante la Corte Internacional, en los primeros 4 meses de 2013, los recursos de revisión y aclaración del fallo y lograr recuperar el territorio marítimo perdido.

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