Para mis amigos

domingo, 14 de noviembre de 2010

los complices de uribe

Las grabaciones ilegales que hacía el DAS son un vergonzoso escándalo: ¿Cuánto sabía Uribe de eso?

Tiendo a ser escéptico respecto a acusaciones formuladas por criminales donde no hay más prueba que la palabra del bandido, pues a menudo están motivadas por prebendas judiciales, venganzas o mendacidad pura y dura. Por ejemplo: dduddo con cuatro des que el Vaticano tuviera algo que ver con el intento de asesinato de Juan Pablo II, como lo denuncia más de 20 años después el delincuente turco que le disparó.
Pero mi escepticismo se desvanece cuando se multiplican los testimonios, sus autores no pertenecen al mundo del delito y las versiones concuerdan. Es lo que está ocurriendo con el DAS. Con las revelaciones de esta semana, son ya por lo menos cuatro los antiguos altos funcionarios que describen cómo, en tiempos de Álvaro Uribe, la Presidencia se valió del departamento de seguridad que pagamos todos los colombianos para espiar a un grupo de personas incómodas para el Gobierno. Estamos ante un escándalo clamoroso, sin precedentes, ilegal e indigno de una democracia. Por menos tuvo que renunciar Richard Nixon y aún por mucho menos está en serios aprietos el gobierno de Nicolás Sarkozy en Francia.
La suma de declaraciones juramentadas revela una operación siniestra y sistemática de injerencia en la intimidad telefónica de decenas de víctimas y, en ciertos casos rocambolescos, de grabaciones apenas propias de un James Bond macondiano, como las que hacía el DAS a la Corte Suprema de Justicia mediante micrófono instalado en el sostén de la señora que servía tintos a los magistrados.
La lista de perjudicados es larga: a 25 magistrados de la Corte se les llevaba dossier secreto; a numerosos familiares de los magistrados les interceptaban las llamadas, lo mismo que a políticos, como Gustavo Petro, y, según informe de la Fiscalía, a 300 militantes del Polo Democrático.
También se grababa ilegalmente a columnistas críticos, como Daniel Coronell; a ONG, como Cáritas Diocesana; a centros de investigación académica, como Cinep; a sindicatos; a cuatro ex generales de la República e incluso al entonces vicepresidente Francisco Santos, a quien por un teléfono pinchaban y por el otro le pasaban los datos que él pedía para atacar a críticos suyos como Ramiro Bejarano.
En algunos episodios, como el de Piedad Córdoba, más que espionaje se produjo un verdadero linchamiento: acaba de conocerse la declaración de Gustavo Sierra, ex jefe de Análisis del DAS, donde menciona como reiterado objetivo a la senadora: su paradero, sus actividades, lo que dijo y lo que no dijo. La sentencia del Procurador que la despoja de su curul, confirmada ya por él mismo (como era de esperarse), no es más que la culminación del linchamiento. La godarria ha quedado eficazmente servida.
Menos larga, pero notable, es la lista de los incriminados en este uso perverso de recursos públicos. Todos son directores (Andrés Peñate, Pilar Hurtado) o altos empleados del DAS o miembros del grupo que rodeaba a Uribe en Palacio: el secretario general, Bernardo Moreno; el asesor presidencial para las Comunicaciones (luego Canciller) Jaime Bermúdez; el secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez; el jefe jurídico, Edmundo del Castillo; el ministro del Interior, Carlos Holguín; el viceministro de Defensa, Jorge Mario Eastman; el asesor presidencial José Obdulio Gaviria; el alto consejero para la Competitividad y las Regiones, Miguel Peñaloza.
Algunos aún están vinculados al Gobierno -Velásquez, Peñaloza- y otros no figuran en la lista por tratarse de empleados de menor importancia.
Me da la impresión de que esta campaña, típica de regímenes totalitarios, no ha producido el repudio general que merece. Todo lleva a preguntarse, además, si el Presidente era totalmente ignorante de los desmanes que perpetraban sus colaboradores en las oficinas colindantes. Si fue así, que lo diga. Y que pronuncie una condena explícita y vehemente de los actos de sus subalternos.
ESQUIRLAS. Si en el Distrito hay corrupción, el primero que debe denunciarlo, sin concesiones ni maquillajes, es el Polo Democrático. Sería suicida no hacerlo.
Desde hace varios años, el autor del texto recibe comentarios a su columna en cambalache@mail.ddnet.es

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